Editorial Juan García

RESEÑA DE REVISTA SEMANA:

Es un medio tradicional en Colombia que maneja una ideología de derecha, por lo que siempre a estado muy a favor del sector privado y ha mostrado su apoyo a los partidos políticos que siguen esta línea ideológica además de que siempre que tienen la oportunidad de dejar en evidencia a aquellos que siguen las ideologías de izquierda y ha sido evidente durante este gobierno.

 

El precio del cambio: ACPM no para de subir 

Una vez más, el gobierno de Gustavo Petro decide atacar al sector productivo del país con una medida que castiga a quienes generan empleo, invierten y contribuyen al crecimiento económico. Ahora, con un ministro de Hacienda que fue exmiembro del M-19, un grupo que en su momento desafió el orden institucional del país, la estrategia parece clara: imponer una visión económica que ahoga al sector privado y limita las oportunidades de progreso. Germán Ávila Plazas ha confirmado que el precio del diésel subirá sin excepciones, afectando directamente a empresarios, transportistas y ciudadanos que, con esfuerzo, han logrado adquirir vehículos de alta gama. En lugar de buscar soluciones estructurales para la crisis económica que el propio gobierno ha profundizado, prefiere imponer cargas adicionales a quienes sostienen la economía nacional, mientras mantiene privilegios y subsidios para sectores afines a su ideología. 

El discurso oficial sugiere que este incremento es una medida necesaria para corregir el déficit en los subsidios, pero la realidad es que el impacto será devastador para un país cuya economía depende en gran medida del transporte. Los empresarios, que ya luchan contra la inseguridad, la carga tributaria y la falta de incentivos para la inversión, ahora se enfrentan a un costo operativo aún mayor. Si el diésel se vuelve inaccesible, la logística empresarial también lo hará, generando una cadena de encarecimiento que inevitablemente afectará el bolsillo de los consumidores. Mientras tanto, los dueños de camionetas y vehículos de lujo, injustamente satanizados, se convierten en nuevas víctimas de una política económica que parece castigar el éxito y la prosperidad.

Detrás de esta medida no solo se esconde un afán recaudatorio, sino también un sesgo ideológico que penaliza el crecimiento y la movilidad de quienes han trabajado para tener más. En lugar de buscar soluciones estructurales para mejorar la eficiencia del sector transportador, el Gobierno prefiere cargar la responsabilidad sobre quienes utilizan el diésel, sin considerar alternativas viables o una transición menos agresiva. Para evitar que esta medida se convierta en un golpe letal a la economía, se deben explorar opciones como una reforma fiscal que distribuya mejor los recursos, incentivar el uso de tecnologías limpias sin imponer cargas desproporcionadas y garantizar que cualquier ajuste en los precios del combustible se haga de manera progresiva y concertada con los sectores afectados. Solo así se podrá garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y la protección del aparato productivo del país. El mensaje es claro: en Colombia, el emprendimiento y la inversión privada no deben seguir siendo blanco de un Gobierno que ve en el progreso un enemigo a combatir.